Cuando la indolencia se abre paso

La falta de humanidad y de empatía de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y de su jefe de comunicación, Miguel Ángel Rodríguez, para con los familiares de las víctimas de las residencias de personas mayores, que perdieron la vida en lo peor de la pandemia del COVID-19, no conoce límites.

Está actitud, solo superada por su ineficacia y negligencia, cuando les tocó gestionar los recursos públicos durante ese periodo, resulta simplemente detestable.

Persistir en seguir generando dolor a unos familiares que ya han sufrido las pérdidas de sus seres queridos, así como ignorarles ante su afán de conocer la verdad de lo ocurrido, no solo por quienes perdieron sus derechos en el final de su existencia, sino por el resto de personas que aún viven en las residencias bajo un modelo tan ineficaz como infame, es animarles, tanto a ellos, como al resto de la sociedad, a persistir en la búsqueda de verdad, justicia y reparación necesarias. Porque es necesario depurar responsabilidades en un capítulo tan aciago como el que hemos vivido, a la par de que se realicen los cambios necesarios en el modelo existente, para dignificar los últimos años de vida de las personas a las que no les queda más remedio que necesitar un servicio como este.

Se lo debemos. Porque son generaciones que se han ganado el derecho a ser cuidados y acompañados. Porque han trabajado y cumplido con una sociedad que no puede permitirse el desprecio y la indolencia de sus representantes públicos ante su desgracia, por la que muchas y muchos han pagado con su vida. No podemos permitir que su muerte haya sido en balde. Con su sacrificio han señalado un problema que ya estaba presente y que se vio exponencialmente agravado durante la pandemia, el modelo.

Un modelo en el que la gestión pública de las residencias está reducida a su mínima expresión. Un modelo donde el modelo privado se frota las manos buscando pingües beneficios. Un modelo privado al que hasta se le cede la gestión del raquítico porcentaje de residencias de titularidad pública para explotarlo también. Un modelo en el que las personas mayores nunca han estado en el centro como beneficiarias del buen cuidado y el acompañamiento en sus últimos años. Un modelo indigno y carente de los medios humanos, técnicos y materiales necesarios para proporcionar ese bienestar.

En una sociedad avanzada, civilizada y de progreso, debemos destinar los esfuerzos necesarios para que algo así no vuelva a repetirse, y si lo hace, que sea garantizando los derechos humanos de quienes son más débiles y no pueden defenderse.

Sería más digno que quienes han facilitado que unos protocolos infames condenasen a miles de personas mayores a no recibir la asistencia sanitaria mínima a la que tenían derecho, permaneciesen escondidos o en silencio, antes que negar la evidencia o confrontar con quienes reviven su dolor cada vez que los oyen hablar.

En cualquier lugar del planeta donde reine la cordura, el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid y la propia presidenta, serian objeto de dimisión o cese inmediato por la indecencia, los bulos y el descarado reconocimiento de los mismos, el primero. Y la segunda por calificar a las victimas de ser partidistas y activistas contra ella misma, pero en este país sale barata la negligencia, la mentira persistente y la descalificación.

Como sociedad, tanto jóvenes como adultos, seremos algún día dependientes o necesitaremos ayuda. ¿Es este el modelo que queremos para nuestro futuro?